Multaron a los padres de un niño que amenazó con disparar en una escuela

En una decisión sin precedentes, el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe ha tomado una medida firme respecto a los costos asociados con las amenazas de tiroteo escolar, notificando a los padres de un menor involucrado que deberán cubrir la totalidad de los gastos generados por el operativo policial. Este aviso sigue a una creciente preocupación sobre la proliferación de episodios similares a lo largo de varias provincias del país. La acción se desencadenó tras un incidente donde un menor fue acusado de efectuar amenazas de tiroteo en una escuela, movilizando recursos policiales por un valor total de $6.024.944. Esta erogación cubre, entre otros gastos, el despliegue de unidades policiales de patrullaje y el personal requerido para manejar la situación. Aire de Santa Fe desempeñó un rol crucial en informar estos detalles a la comunidad, destacándose como fuente. Aunque a priori pueda parecer una sanción punitiva, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, ha sido claro en enfatizar que la cifra se impone a manera de indemnización civil. Este tipo de reembolso persigue resarcir las finanzas del Estado por el costo del operativo derivado de las amenazas. La naturaleza civil de la sanción habilitaría asimismo, en caso de falta de pago, la potencial ejecución de medidas como embargos sobre los bienes de los castigados o incluso retenciones en sus haberes. El aviso fue enviado a los padres del joven responsabilizado, quienes serán considerados como responsables solidarios por este hecho. Resulta relevante el apretado lapso de cinco días que les asignan para cumplir con el pago la suma antes de que las acciones legales escalen hasta la Fiscalía de Estado. Según compartió el ministro Cococcioni, no es un caso aislado. Hasta la fecha, se han identificado responsables de 58 anteriores amenazas implicando "más de 70 personas comprometidas", un número elevado que incluye situaciones donde participan múltiples autores o adultos responsables en consecuencia. En cuanto al alcance financiero de tales eventos previos, el monto reclamado total se prevé que ya haya superado impresionantemente los $250 millones; una significante carga econónica para la región. Estos incidentes no solo afectan el ámbito donde ocurren sino que, exacerbados por la viralización en redes sociales, crean una atmósfera de miedo e incertidumbre no deseada en la comunidad educativa.